Los servicios de inteligencia proponían forzar a líderes nacionalistas vascos y catalanes a pronunciarse sobre la quema de la bandera en Anoeta, y hacer público si se negaban a hacerlo.
Resumen
Nota informativa del CNI/CESID fechada el 8 de marzo de 1982, que aborda tres asuntos relacionados con el contexto del juicio del 23-F. Primero, señala que el Mando militar debería tomar cartas ante las "listas" que han aparecido en prensa, advirtiendo que su silencio puede interpretarse negativamente por quienes están incluidos en ellas, y que se podría llegar a una situación similar a la que existía antes de cambiar la JUJEM.
Segundo, analiza la quema de una bandera española en Anoeta (País Vasco), alertando de que algún abogado defensor podría esgrimir el suceso en el juicio para insistir en sus tesis e incluso provocar un altercado en la sala. Propone sanciones ejemplares y que políticos se pronuncien, mencionando expresamente a Jordi Pujol, Trias Fargas, Roca, Rojas Marcos, Garaicoechea, Arzallus y Bandrés, y sugiriendo hacer público si se niegan a manifestarse. Tercero, informa de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) podría estar realizando encuestas sobre la vista de la causa 2/81 y recomienda confirmar esta información y obtener los resultados contactando al sociólogo López Pintor.
Contenido del documento
ARAP/08.03.82
NOTA INFORMATIVA
Eco la prensa en más de una ocasión. Parece conveniente que el Mando tome cartas en el asunto. Su silencio puede interpretarse de forma muy negativa, especialmente por parte de los que se encuentran incluidos en la lista. ¿Quién los defiende? Podemos llegar a una situación parecida a la que existía antes de cambiar a la JUJEM.
La quema de una bandera española en Anoeta puede tener una repercusión en la dinámica del Proceso. La prensa del suceso, algún abogado puede esgrimir lo sucedido para insistir en sus tesis e, incluso, provocar un altercado en la sala. Parece conveniente que la autoridad gubernativa haga caer una sanción ejemplar sobre los responsables del acto, a pesar de que se escudan diciendo que nada pudieron hacer por evitar la quema de una ikurrina.
Por otra parte, en el clima pre-electoral en que nos encontramos, los políticos están propensos a realizar declaraciones. Hay que aprovechar esta circunstancia para obligarles a definirse sobre este suceso. El Ministro del Interior ya debía haber dicho algo, en representación del Gobierno. El de Defensa puede aprovechar cualquier circunstancia para incidir en el tema. Pero antes hay que tomar las medidas gubernativas.
Los líderes políticos también pueden manifestarse en este sentido. Pero tendría especial significación que representantes de los partidos nacionalistas se decidieran en relación con el suceso. Jordi Pujol, Trias Fargas, Roca, Rojas Marcos, el alcalde de Sevilla, etc. Hay que forzar también a Garaicoechea, Arzallus, Bandrés, etc. y si no quieren manifestarlo, hacerlo público, con las consecuencias que de ello se puedan derivar.
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Se tienen noticias de que en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) situado en la calle Pedro Texeira, puede que se estén haciendo encuestas en relación con la vista de la Causa 2/81. Sería conveniente confirmar esta referencia y, a ser posible, recibir los resultados. El requerimiento deberá hacerse al sociólogo López Pintor. Teléfono 456.12.61.